El Gobierno emitió este sábado un decreto que reglamenta la Ley de Amnistía de la que se beneficiarán los miembros de las FARC que están presos y que quedó recogida en el acuerdo de paz firmado con esa guerrilla.

El decreto recoge que serán los jueces ordinarios los encargados de hacer el trámite y se aplicará la amnistía a los "delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos", según reza el texto.

Para acceder a ese beneficio jurídico, los miembros de las FARC deberán completar un acta en la que se comprometen a no volver a tomar las armas para "atacar al régimen constitucional y legal vigente".

Además, aclara que la ley solo se aplicará para los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo final de paz, el pasado 1 de diciembre "previa solicitud escrita del interesado o de su apoderado ante la autoridad judicial competente, o de oficio por la misma".

El texto también aclara que los trámites serán "preferentes sobre cualquier otro asunto de la oficina judicial".

"Para los fines de esta norma se entenderá que la autoridad judicial competente lo es el fiscal delegado, el funcionario de conocimiento del régimen penal de adultos o del sistema penal para adolescentes, o el de ejecución de la pena, según el estado del proceso y de acuerdo con el estatuto de procedimiento penal aplicable", aclara.

Además, la oficina del Alto Comisionado de Paz revisará si los solicitantes de la amnistía pertenecen a las FARC.

La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 28 de diciembre y recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto a los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

En ese sentido, John León, abogado de la coalición "Larga vida a las mariposas" comentó que el censo estimado que ellos tienen es de entre 3.500 y 4.000 personas que podrían beneficiarse de esa ley.

Sin embargo, fuentes del Gobierno elevan esa cifra hasta 4.500 miembros de las FARC que están presos y que podrían beneficiarse.

León, también comentó que el decreto supone "un blindaje adicional" a la Ley de Amnistía, ya que supone que el "procedimiento tendría que empezar a aplicarse".

"Había un total desconocimiento de los operadores judiciales frente a aplicación de ley. Si bien algunos de sus contenidos son claros, nunca hubo instrucciones en el marco de la Fiscalía de la aplicación de la ley", aseguró.

Con ese decreto, León espera que "haya más dudas" y que por tanto los operadores judiciales le den "fielmente cumplimiento" a la ley para que se pueda realizar el procedimiento con celeridad.

Acerca del margen de diez días desde la radicación del acta hasta la liberación que recoge el decreto, comentó que "es un margen que da manera de que se cumpla".

El decreto también recoge que será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el que traslade a los presos que sean beneficiados de la amnistía a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde se están reuniendo los guerrilleros como paso previo a la dejación de armas.

En ese sentido, León destacó que ese traslado por el Inpec "genera inquietud y zozobra", pero aseguró que parten "de la buena fe" y esperan que pueda realizarse lo antes posible.

EFE